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PERPLEJIDADES SOBRE EL CASO VICENTIN

Perplejidades sobre el caso “VICENTÍN”
Por Juan Carlos Sandoval
Abogado
DNI Nº 7.911.368
M.T. de Alvear 432 - Resistencia
Especialista en derecho concursal y societario

 

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 522/2020. De su contenido se extrae que remitió al Congreso Nacional un proyecto que propicia la expropiación de la firma “Vicentín SA” y contemporáneamente con la finalidad de asegurar la continuidad de la empresa y la conservación de los puestos de trabajo dispuso la intervención transitoria de la sociedad por el lapso de 60 días, ordenado la ocupación temporánea anormal y la designación de un interventor y de un  sub-interventor con desplazamiento del directorio en funciones hasta ese momento. La decisión se fundamentó en las disposiciones de la Ley de Expropiaciones Nº 21.499.  A posteriori se llevaron a cabo una seguidilla de cuestionadas actuaciones.

En primer lugar cabe destacar que el PE ha contravenido la división de poderes base de nuestro sistema republicano al motorizar resoluciones que corresponden a otro, inmiscuyéndose en funciones propias del Poder Judicial. La empresa de mención se encontraba en concurso preventivo, lo cual la facultaba para seguir adelante con su operatoria, bajo la vigilancia del Síndico y el control del juez concursal. Cabe acotar que todo el patrimonio de la empresa estaba sometido a la decisión del juez del concurso y el decreto en examen provocó una invasión a las facultadas de otro poder del Estado, violando abiertamente la zona de reserva asignada por la CN a cada uno de ellos. Tal intromisión, con abierto cercenamiento de las facultades judiciales ha sido repetidamente descalificada por la CSJN: “El sistema constitucional reposa en el principio de división o separación de poderes uno de cuyos extremos consiste en la prohibición de que el Ejecutivo, por sí o mediante resoluciones emanadas de organismos que actúen en su órbita, realice funciones judiciales” (Fallos 254:116). En el caso examinado el Poder Ejecutivo ha desplazado de sus funciones propias al juez concursal de Reconquista, sustituyéndolo en algunas de ellas. La reacción del magistrado no se hizo esperar y restituyó en sus cargos al directorio de la empresa designando como simples veedores a los designados por el PE como interventores. El juez podría incluso designar otras personas como veedores, y no necesariamente a aquellos señalados por el PE. Por tanto el Decreto 522/2020 resulta abiertamente inconstitucional en la parcela que invade facultades propias del Poder Judicial.

Párrafo aparte merece la actuación de los profesionales que defendieron a la empresa, ya que no era menester pedir la declaración de inconstitucionalidad del art. 59 de la Ley de expropiaciones Nº 21.499, sino de algo más trascendente jurídicamente, como era el requerimiento de inconstitucionalidad del decreto de referencia. Tampoco la actitud escurridiza del juez en avocarse a la petición de inconstitucionalidad planteada por los abogados de la empresa resulta justificada, máxime cuando puntualiza que la situación concursal no era el marco adecuado para declarar la inconstitucionalidad del art. 59. Cualquier juez, aún de faltas, puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley o decreto dentro de cualquier tipo de juicios, incluso en sede administrativa. Al verse menoscabada su autoridad y la sustitución de sus funciones con el crítico decreto, debía haberlo declarado  inconstitucional.

A su vez el juzgador sorteó la falencia de los abogados de la empresa que erróneamente plantearon una medida cautelar, lo cual implicaba que a posteriori debían presentar la acción de fondo o demanda principal. El magistrado actuante los favoreció en el trámite convirtiendo la medida cautelar en una medida autosatisfactiva, acortando el camino, ya que en ésta se puede entrar a tratar el fondo de la cuestión sin necesidad de acudir a otro trámite posterior.

Hubiera sido más atinado que el PE solicitara al juez de concurso (que ejercía y ejerce poder de control sobre todo el patrimonio de la empresa), la intervención del órgano de administración de Vicentín SA, acudiendo a la preceptiva regulada en el art.17 de la Ley de Concursos en concordancia por el art. 113, 115 y afines de la Ley General de Sociedades. Por ese andarivel se respetaba la zona de reserva de cada poder del Estado, apuntalándose el principio basilar de todo sistema republicano cual es la división de poderes.

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